Las 15.000 objeciones de conciencia anunciadas por las organizaciones sociales contrarias a Educación para la Ciudadanía se han reducido, a la hora de la verdad, a 84. Ésa es la cifra que les consta a las consejerías de Educación de las siete comunidades autónomas donde la asignatura se acaba de estrenar para los 200.000 alumnos de tercer curso de secundaria. El elefante parió un ratón. Las 15.000 objeciones de conciencia anunciadas por las organizaciones sociales contrarias a Educación para la Ciudadanía se han reducido, a la hora de la verdad, a 84. Ésa es la cifra que les consta a las consejerías de Educación de las siete comunidades autónomas donde la asignatura se acaba de estrenar para los 200.000 alumnos de tercer curso de secundaria.
Dichas consejerías aclaran que han recibido más recursos de objeción de conciencia, hasta un total de 356, siempre que se contabilicen también las presentadas por separado por el padre y la madre del mismo alumno, o las de aquellos por padres con hijos en edad escolar pero no en el curso donde se imparte este año la asignatura.
En Andalucía, la comunidad más activa de la protesta, la viceconsejería da cuenta de 260, algunas duplicadas por la firma del padre en un recurso y la de la madre en otro. En Navarra y en Extremadura no consta ninguna objeción de conciencia, en tanto en Aragón figuran cuatro, en Asturias nueve -de las que sólo una corresponde a tercero de secundaria- y en Cantabria dos, una en Laredo y otra en Castrourdiales.
Sin embargo, Benigno Blanco, el presidente del Foro Español de la Familia, una federación de entidades católicas que asegura contar con cuatro millones de familias afiliadas, seguía insistiendo en que las objeciones de conciencia presentadas por sus socios -entre ellos, la asociación de padres Concapa- superan las 15.000. ¿Cómo se justifica entonces la diferencia sideral entre las objeciones anunciadas y las recibidas por las autoridades educativas? Las respuestas son variadas. Fuentes de las consejerías de Educación consultadas apuntan a que los padres se lo han pensado dos veces antes de arriesgar la obtención del título de secundaria para sus hijos. La inasistencia reiterada a las clases de Educación para la Ciudadanía conlleva suspender la asignatura, como recordó la ministra de Educación, Mercedes Cabrera.
Benigno Blanco reconoce que esta circunstancia ha pesado en el ánimo de los padres, a los que considera "unos valientes". "Hay que tener el coraje de Gandhi o de Martin Luther King para hacer frente a las amenazas y coacciones con las que el Estado intimida a las familias", señala.
Para el presidente del Foro, el movimiento de conciencia por ellos alentado, con campañas in- formativas y una batería de juristas a disposición de los padres, no tiene parangón en Europa. "15.000 objeciones en tres meses es un récord", dice. Pero ¿dónde se han presentado las 15.000 objeciones?, Blanco responde: "No lo sé. Supongo que en los colegios, en las delegaciones de Educación... ya irán saliendo.
Un caso llamativo es el de María Antonia Avilés Perea, la portavoz para Educación del PP en las Cortes de Aragón. Avilés ha animado a los padres a objetar e incluso ha repartido plantillas para el recurso. Pero eso no es obstáculo para figurar entre quienes formarán a los profesores de Educación para la Ciudadanía en un curso del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, financiado por el Gobierno de Aragón. "A mí me han pedido que hable de las instituciones europeas. Yo no voy a hablar de valores, por eso no me he planteado dejar las clases, pero si causa escándalo...", comentó esta ex eurodiputada del PP.
6. LA ASOCIACIÓN CONSERVADORA DE FISCALES CRITICA EL "DESPRECIO" DEL PP (14/09/07)
La Asociación de Fiscales (AF), de talante conservador, criticó en una durísima nota al Partido Popular por el "desprecio" hacia la carrera fiscal demostrado por su grupo parlamentario, al permitir que la ausencia de 12 senadores hiciese posible la aprobación de una enmienda que, según la AF, "desactiva" al Consejo Fiscal como órgano de representación de la carrera. La enmienda suprime el inciso de que los ascensos y nombramientos para cargos del Ministerio Fiscal se hagan "conforme al informe del Consejo Fiscal".
La asociación conservadora de fiscales rechaza la enmienda y acusa a los senadores del PP de "evidente dejación de sus funciones" y por haber permitido que "la sola voluntad" del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, "especialmente criticado desde el Partido Popular" se haya "convertido en ley".
"Creemos que difícilmente, desde la coherencia, serán entendibles ni por esta carrera ni por la opinión pública, cualquier crítica que, en lo sucesivo, formule el PP contra la actuación del fiscal general del Estado sobre su sectarismo en la designación de cargos", agrega la nota. La AF, por el contrario, resalta la "coherencia y firmeza" de CiU, que no aceptó la enmienda.
"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres"
